La legislatura extraordinaria del Congreso Nacional concluyó con la aprobación de cinco leyes de gran relevancia para el desarrollo institucional, social y jurídico del país. Este período especial de sesiones, convocado por el Poder Ejecutivo, permitió avanzar en normativas que habían estado en discusión durante años, reflejando un compromiso claro con la modernización del marco legal y la mejora de la calidad de vida de la población.
Uno de los cambios más importantes fue la modificación del Código Penal, que actualiza y refuerza el sistema judicial penal. La normativa revisada define más de setenta infracciones, abarcando temas como el terrorismo, feminicidio, sicariato y otros delitos que impactan la seguridad pública. Asimismo, introduce sanciones más estrictas y especifica la responsabilidad penal de las entidades corporativas, elementos que persiguen una mejor eficiencia en la lucha contra el crimen y la defensa de los derechos esenciales.
Otra importante legislativa sancionada fue la reglamentación de los acuerdos de arrendamiento de bienes raíces, tanto para viviendas como para locales comerciales. Esta disposición impone límites a las garantías que pueden solicitar los arrendadores, estableciendo un máximo de dos depósitos con el objetivo de equilibrar las relaciones contractuales y fomentar una mayor transparencia y equidad para inquilinos y propietarios.
En materia institucional, se creó la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia, una entidad encargada de descongestionar las funciones que hasta ahora recaían en la Procuraduría General de la República. Este ministerio asumirá la planificación, dirección y coordinación de políticas de justicia bajo el Ejecutivo, fortaleciendo el sistema judicial y garantizando mayor eficiencia en la administración pública.
También fue aprobada una ley que otorga al Congreso Nacional facultades de fiscalización y control sobre el patrimonio público y la actuación de funcionarios, incluido el presidente de la República. Esta legislación busca fomentar la transparencia y la rendición de cuentas, elementos esenciales para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones y combatir la corrupción.
Finalmente, se sancionó la Ley de Bien de Familia, destinada a proteger la vivienda principal del núcleo familiar frente a embargos o procesos judiciales que puedan poner en riesgo el hogar. Esta norma brinda seguridad jurídica y protege a las familias más vulnerables ante posibles despojos, reafirmando el compromiso social del Estado con la estabilidad familiar.
