El Ministerio de Medio Ambiente junto con la Dirección General de Contrataciones Públicas han publicado una directiva común con el objetivo de impulsar la sostenibilidad en las licitaciones de obras del gobierno, centrándose en la utilización responsable de materiales como arena, grava y piedra.
Mediante una circular oficial, ambas instituciones establecieron que, al momento de definir los pliegos de condiciones de contratación, deben incluirse cláusulas que garanticen la trazabilidad y la extracción legal de estos materiales. Queda exigido que los oferentes presenten la autorización ambiental vigente de la empresa proveedora antes de firmar cualquier contrato, validando que cuenta con los permisos necesarios según las normativas ambientales en vigencia. En caso de que la empresa se encuentre en trámite para obtener su licencia, deberá exhibir documentación que acredite el estado de su solicitud, incluyendo resoluciones provisionales si las hubiere. Esta medida responde a la aplicación del Decreto 617-22, que declara de interés nacional la promoción de las compras públicas verdes.
El ministro de Medio Ambiente enfatizó que esta política responde a las demandas institucionales de los ciudadanos, aludiendo a la necesidad de actuar con transparencia, integridad y rigor en las adquisiciones públicas. En tanto, el titular de Contrataciones Públicas afirmó que «cada compra pública con criterios ambientales constituye una inversión en el futuro del país», situando la sostenibilidad como un pilar clave en el diseño de las obras públicas.
Además, la circular incluye detalles técnicos derivados del anexo 3 de la Política de Compras Públicas Verdes. Estas directrices definen criterios sostenibles que deben tomarse en cuenta dentro de los aspectos técnicos de los pliegos, fomentando prácticas como el manejo eficiente de recursos, la disminución del impacto ambiental y el impulso de comportamientos responsables por parte de los adjudicadores.
La disposición tiene un amplio espectro, afectando a todas las entidades gubernamentales que soliciten proyectos, con la intención de apoyar en la lucha contra la extracción ilícita de materiales. Se aguarda que esta reglamentación también ayude a conservar los recursos de agua y los hábitats naturales, fomentando una cultura de adherencia a la ley y de respeto al medio natural.
